Por
Laura Manzaneda - Los Tiempos - 30/08/2013
Penal
de San Antonio, ubicado cerca de la termina del buses en la avenida Ayacucho,
que en el pasado fue un mercado de papas.
Explicó
que hace dos semanas recibió una notificación de la Alcaldía en la cual se le
indica que el comodato se venció y solicitan la devolución del predio. “El
municipio solicita una reunión para la devolución ”, dijo.
El
responsable de Régimen Penitenciario lamentó la situación y aseguró que el Decreto Supremo 565 determina que los
gobiernos municipales deben destinar recursos del Impuesto Directo a los
Hidrocarburos (IDH), para la construcción de centros de detención preventiva. “La Alcaldía debe tomar
conciencia de sus responsabilidades, no puede desalojarnos simplemente, ellos
deben construir un centro de detención preventiva y garantizar otro lugar a
donde llevar a los privados de libertad”, enfatizó.
Mejía
solicitará al municipio la ampliación del comodato y la construcción de nuevas
instalaciones para los detenidos preventivos. “Esperamos que las autoridades
amplíen el comodato; de lo contrario, se van a generar molestias entre la
población penitenciaria, pero no queremos llegar a extremos, buscamos un
acuerdo”, dijo.
Al
respecto, la vocera de la
Alcaldía , Elva Morales, aseguró que Régimen Penitenciario
puede pedir una ampliación de comodato para permanecer en el lugar; pero,
aseguró que no tenía más información.
Actualmente,
existen en el penal de San Antonio 426 internos cuando la capacidad es de 250
personas. Antiguamente, el lugar era un mercado de papas. El predio se
convirtió en cárcel a fines de los 80’ ,
cuando San Sebastián rebasó su capacidad por la enorme cantidad de presos por
narcotráfico. De las seis cárceles que
existen, sólo el penal de El Abra fue construido para ser un centro de
rehabilitación; el resto de los penales son casas adaptadas para ser
reclusorios.
Planes
para un nuevo penal
Las
alcaldías no sólo deben cumplir con construir centros de rehabilitación para
los detenidos preventivos, que representan a la mayor parte de la población
penitenciaría, sino que deben establecer espacios para los centros de
producción y capacitación con administración propia, de acuerdo con la Ley 2926. En tanto que las
gobernaciónes son responsables de establecer centros para los detenidos con
sentencia. Sin embargo, Régimen Penitenciario observó que en el municipio ni
siquiera avanzó en el proyecto para que los privados de libertad puedan
comercializar los productos que elaboran en los penales.
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